Lunes, 3 de Diciembre de 2007
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En su primer día de diligencia de versión libre y confesión, ‘Alex’ reconoció haber asesinado a 150 personas en Cúcuta, Puerto Santander y Villa del Rosario.
Hoy, después de casi tres años de haberse desmovilizado el bloque ‘Catatumbo’ de las Autodefensas Unidas de Colombia Auc, comienza a salir a la luz pública la historia sangrienta que marcó a Cúcuta y Norte de Santander por cuatro años.
Durante 1999 y 2004 esta organización criminal cometió miles de asesinatos, que aún no han podido ser esclarecidos. Los paramilitares aseguran que son 2.000 los muertos, la fundación Progresar dice que sobrepasan los 5.000. Hasta el momento no se sabe quién tiene la verdad.
En las dos últimas semanas de noviembre los nortesantandereanos, pero en especial los cucuteños, tuvieron que recordar esa sangrienta realidad que vivieron durante la invasión paramilitar, y que, supuestamente, terminó el diez de diciembre de 2004 cuando se desmovilizaron mil 425 combatientes.
Primero fue lo dicho por Jorge Iván Laverde Zapata, alías ‘El Iguano’ o ‘Raúl’, ex comandante del frente ‘Fronteras’ y que tuvo su injerencia en Cúcuta, Puerto Santander, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano, Salazar, Santiago, Gramalote, Chinácota, Toledo, Labateca, Pamplonita y Pamplona.
Entre las revelaciones hechas por este ex jefe de las Auc ante el Fiscal Octavo de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación fueron conocidos muchos secretos que, al parecer, solo conocían los organismos de inteligencia y judiciales del Estado.
Una de las informaciones entregadas por ‘El Iguano’ generó polémica en el ámbito nacional. Según el ex jefe paramilitar las autodefensas habían financiado la campaña de Ricardo ‘Chico’ Elcure a la Gobernación de Norte de Santander en 2003.
Pero, unos días más tarde Salvatore Mancuso, ex comandante del bloque ‘Catatumbo’, ante el mismo fiscal, volvió a mencionar a Ramiro Suárez Corzo, alcalde suspendido de Cúcuta, con tres homicidios.
De ellas, dos muertes ya eran conocidas y habían sido reveladas por otros ex paramilitares. Se trataba de los crímenes de Alfredo Enrique Flórez, asesor jurídico de la Alcaldía de Cúcuta, y José Agustín Uribe Guatibonza, ex asesor jurídico de la Gobernación de Norte de Santander.
El tercero fue el más revelador. El ex comandante de las Auc, indicó que el 12 de agosto de 2003, en la avenida 8 entre calles 7 y 8, mataron a Pedro Durán Franco por orden de Suárez Corzo.
Pese a que toda la ciudad se enteró de este homicidio, muy pocos sostuvieron hipótesis que involucraban al suspendido Alcalde de Cúcuta, por eso una vez se conoció esta declaración la sorpresa fue mayor.
Pero las temidas revelaciones no terminaron allí. El viernes se supo la verdad macabra de muchas muertes ocurridas en los barrios de la capital nortesantandereana y que los habitantes tuvieron que soportarlas y no hablar nada porque sabían que sus vidas estaban de por medio.
Lenin Giovanni Palma Bermúdez, alias ‘Alex’, fue quien se encargó de dar a conocer cómo fue que las autodefensas se tomaron a sangre y fuego los barrios periféricos.
Dentro de su declaración también indicó cómo se fraguó el asesinato de Juan José Pita, gerente y accionista mayoritario de las Apuestas Cúcuta 75 J.J Pita y Cía, cometido el 27 de agosto de 2004 en la vía que de San Antonio del Táchira conduce a San Cristobal Venezuela.
Esta es la primera vez que un ex combatiente de las Auc habla sobre el crimen del empresario de las apuestas y asume la responsabilidad.
Traslado de desmovilizados a Córdoba
Las autoridades confirmaron ayer el traslado de 118 mandos medios desmovilizados de las autodefensas desde cárceles de Barranquilla a la cárcel de Urrá en Tierralta, tal como lo informó Caracol Radio.
El coronel Uriel Toro Díaz, comandante de la Policía de Córdoba, expresó a la cadena radial que “el traslado se cumplió por orden del Ministerio del Interior y Justicia y ayudará a descongestionar cárceles de la Costa Atlántica”.
Se informó también que los trasladados están amparados por la ley de Justicia y Paz y que están siendo procesados por concierto para delinquir, homicidio y otros delitos. Este traslado fue uno de los compromisos pactados entre en el proceso de negociación entre paramilitares y el Gobierno Nacional.
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