Jueves, 27 de Marzo de 2008
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Confusión, gritos y desesperación se vivió ayer en un hogar de Los Fundadores cuando los antimotines hicieron presencia para hacer efectiva una orden de desalojo a la familia Chinchilla González que habita la propiedad desde hace 20 años.
Vecinos del sector se colocaron como escudo humano para evitar a toda costa que la fuerza pública logrará su cometido, mientras que los habitantes del hogar exclamaban que sólo muertos los sacarían del predio. Asimismo, los policías que servían de apoyo perdían la calma al percibir una comunidad ‘revuelta’, empezando a empujar a las personas que allí se encontrarán.
Al final, la presión de las personas más banderas blancas y de la patria que hondearon al frente de la casa, parecieron servir para que a los afectados les dieran tres días más para solucionar esta problemática.
¿Qué paso?
Una familia de Valledupar personifica un dramático episodio: después de habitar por 24 años una casa, a ésta le apareció un supuesto dueño con orden del Juzgado para desalojarlos.
El inmueble ubicado en la transversal 27 número 19-68, en el barrio Los Fundadores, fue habitado por el hogar Chinchilla González cuando en el año 1983 era un simple lote lleno de maleza; ellos con el paso del tiempo y a través de mucho esfuerzo construyeron tres cuartos, un baño, un comedor y una cocina.
Los afectados aseveran que los predios inicialmente hacían parte de un proyecto de Algodones del Caribe, éste fue frustrado y pasó a manos del municipio.
Sin embargo, hoy día apareció Rosa Leonor Arzuaga de Arzuaga, alegando que esa propiedad le pertenece. Ayer, como consecuencia de esta demanda, se presentó a la vivienda la inspectora Emilse Orozco con orden del Juzgado Cuarto Civil Municipal para hacer efectiva una orden de desalojo.
La funcionaria demostró con papel en mano que para compensar la inversión realizada por las personas, entregarán seis millones de pesos.
Inmediatamente vecinos del sector llegaron a la propiedad apoyando a Carlos Chinchilla y Lucila González, quienes desesperados gritaban sus razones, mientras que el abogado de la demandante explicó a la multitud que todo hacía parte de una acción legal.
La pareja cerró las puertas de la casa e instaló sillas en la entrada de ésta con personas en ellas, encontrándose una mujer de la tercera edad.
Querellas por parte y parte se alargaron hasta horas de la tarde, luego el apoderado de la familia afectada aseveró hasta el final que existen incongruencias entre la dirección de la casa y la que figura en la orden de desalojo; por tal motivo, fue al juzgado a solicitar una espera para demostrar que tienen la razón y que les están vulnerando los derechos fundamentales.
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