Jueves, 27 de Marzo de 2008
Un compromiso con la niñez de hoy y el adulto del mañana adquirieron ayer los concejales y diputados que participaron en la jornada adelantada por la Procuraduría General de la Nación.
Los coadministradores de los municipios y el departamento ayer asumieron el reto de velar que en los planes de desarrollo el tema de la infancia, la adolescencia y la juventud pase del papel a la realidad.
Así no sólo lo esperan los procuradores, quienes estarán vigilantes para que este compromiso se cumpla, sino también las niñas y niños del Cesar que hoy sufren del abandono, el maltrato y la indolencia de los grandes.
Para el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, el ejercicio adelantado ayer en la capital del Cesar de convocar a los concejales y diputados del departamento reviste especial importancia, porque se trata de organizar la fase final del cubrimiento de las obligaciones que adquirió el estado colombiano hace 18 años al suscribir el Tratado Internacional de los Derechos del Niño.
Aunque se trataba de un tema que no esperaba, en Colombia se definió una política de atención a la infancia después de pasar en el Congreso más de 30 proyectos que dieron vida a lo que hoy es el Código de la Infancia y la Adolescencia, documento que más que tenerlo en el papel urge su cumplimiento.
“Resalto la posibilidad que tienen los organismos del estado de trabajar conjuntamente para lograr este propósito común.
Este trabajo que se ha realizado en beneficio de la infancia y la adolescencia está dirigido a la población más numerosa que existe en Colombia que son seis millones de colombianos”, dijo el Procurador General de la Nación.
Hablan las cifras
Según las estadísticas manejadas por la Procuraduría General de la Nación de los 41 millones de habitantes que hay en Colombia, aproximadamente, 16 millones son menores de 18 años y de éstos seis millones viven en la pobreza y los dos millones restantes conviven con la pobreza absoluta.
De allí que la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación, la Procuraduría General de la Nación, la Federación de Departamentos, el ICBF y la “UNICEF emprendieran un trabajo para conocer el diagnostico de infancia en Colombia.
En el desarrollo de la jornada Maya Villazón les recomendó a los concejales, diputados, alcaldes y el gobernador que una vez estimada la población de los municipios y departamentos encontrarán que el 40 por ciento de ella es menor de 18 años.
Por esta razón se les pidió a los alcaldes de los mil 98 municipios y 32 departamentos del país un estudio sobre la población real de las niñas y niños, así como la de los adolescentes y jóvenes de sus poblaciones, además de los presupuestos correspondiente para ese año.
La mayoría de los municipios y departamentos que mandaron la información no incluyeron entre sus presupuestos los recursos para el desarrollo de programas de infancia y adolescencia, lo que motivó al organismo de control y las otras entidades a iniciar una labor cada seis meses en los diferentes rincones del país.
Como resultado de ello se dio el cuarto encuentro sobre el tema en Valledupar en junio del año pasado.
Según el Procurador, del millón de habitantes que hoy se estima tiene el Cesar, alrededor de las 380 mil personas son menores de edad.
Tal como lo explicó Maya Villazón hay cuatro billones de pesos incluidos en el presupuesto nacional, para que la política sobre la infancia y la adolescencia deje de ser mera liberalidad.
Aunque el Procurador destacó el apoyo de las primeras damas o gestoras en el tema de la atención a la infancia, a la adolescencia y la juventud, exhortó a las actuales esposas de alcaldes y gobernadores a seguir trabajando para que la niñez de este país tenga una mejor suerte.
Especialmente cuando todavía en el siglo XXI en países como Colombia se apliquen prácticas asociadas a la esclavitud en los niños, como por ejemplo, la utilización de éstos en el tráfico de estupefacientes y el reclutamiento para el conflicto.
Para Maya Villazón es preocupante que de los diez mil guerrilleros y 15 mil paramilitares desmovilizados entre tres mil 500 y cuatro mil son niños y de estos solo 322 están relacionados hoy en el ICBF.
Otros de los aspectos que llamó la atención al Procurador General de la Nación tienen que ver con la participación de los menores en actividades criminales.
Eso sin olvidar la explotación infantil a través de la vinculación de trabajos peligrosos como la minería, la agricultura, el transporte, en las haciendas, en las casas particulares, en las esquinas, los cuales no son solo explotados por los mayores, sino que tienen el consentimiento social.
Convenio
Precisamente para erradicar el flagelo de la explotación infantil, en el Cesar fue firmado un convenio entre la Procuraduría General de la Nación, la UNICEF y la Gobernación para el desarrollo de un programa piloto en Colombia que busca luchar contra las peores formas del trabajo infantil en el Departamento.
El Procurador General de la Nación reconoció que ese trabajo infantil tiene un origen social, económico, cultural, judicial que dejan como consecuencia los altos índices de embarazo en las adolescentes, cuyas cifras son más que graves.
Datos suministrados por la Procuraduría General de la Nación dan razón de más de un millón de niños entre siete y 17 años que realizan oficios en el hogar por más de 15 horas a la semana. Así mismo, en los últimos cinco años se evidenciaron más de cinco mil padres que obligan a sus hijos a trabajar de allí que los coadministradores se encarguen de cumplir con su función política y social de velar para que en los planes de desarrollo de sus municipios y departamento el tema de la infancia no sólo sea parte fundamental, sino que de solución a las necesidades de las niñas y niños, adolescentes y jóvenes de un departamento llamado a ser rico.
Para Rigoberto Pérez, concejal de Curumaní, la orientación recibida ayer no podía ser más clara para aplicarla en su municipio.
“Lo que sigue ahora es el compromiso de cumplir al pie de la letra la misión encargada y velar para que la niñez de Curumaní tenga mejores condiciones de vida”, dijo.
Si no cumplen
En caso de que tanto los alcaldes, como los gobernadores y los encargados del poder político no cumplan con este compromiso serán sancionados.
El plazo para entregar la información, es decir, el diagnostico sobre la inclusión de estos temas en el plan de desarrollo a la Procuraduría General de la Nación vence el 30 de junio de 2008, de allí que una vez recibidas las orientaciones el trabajo de estos coadministradores, que debe reflejarse en mejores condiciones de vida para los niños de este país, apenas comienza.
País democrático
Otros de los aspectos a los que también se refirió el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón fue el de la senadora Liberal, Piedad Córdoba, quien ayer se defendió en el Senado sobre las sindicaciones en su contra y en especial por los comentarios de la presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez.
Maya Villazón dijo que en Colombia como país democrático hay que respetar las posiciones de las personas y que Piedad Córdoba es libre de pensar como piensa y de decir lo que dice.
Así mismo el Procurador dijo que el manejo de las relaciones de Colombia con los países vecinos es un tema que le compete al presidente Álvaro Uribe Vélez.
Las responsabilidades
Una vez inauguró el evento de orientación a los concejales y diputados para que adelanten el control político a los planes de desarrollo, los cuales deben contar con programas para la infancia, la adolescencia y la juventud el procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, era esperado por los periodistas locales y corresponsales de los medios nacionales para conocer su posición sobre el llamado a indagatoria de su hermano, el ex gerente del Hospital ‘Rosario Pumarejo’, Ángel Maya, por supuestos nexos con las autodefensas.
Según Maya Villazón, él mismo se encargó de pedirle al fiscal Mario Iguarán Arana que acelerara la investigación y el llamado.
Como es costumbre el Procurador General de la Nación dijo frente al tema que las responsabilidades son individuales y que será su hermano quien tenga que responder por el llamado de la Fiscalía y sus actos.
Dijo además sobre el tema de Juan Manuel Cabrales, congresista de Córdoba, vinculado al proceso de la ‘parapolítica’ que en una oportunidad el congresista fue a su despacho para denunciar unas amenazas, por lo que espera que la Corte Suprema de Justicia le haga el llamado correspondiente para dar su declaración.
“Me imagino que el Congresista se refiere al encuentro que tuvo en mi oficina para denunciar las amenazas, solo espero que me hagan el llamado para cumplir, porque siempre he dicho que estoy dispuesto a responderle al país sobre mis actuaciones”.
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