Martes, 13 de Mayo de 2008
La Corte Constitucional sancionó a una EPS y su red de clínicas por no practicar un aborto a una menor de edad (13 años) que fue violada y resultó embarazada en la ciudad de Cúcuta (fallo T-209), incumpliendo el fallo de la Corte del año 2006 (sentencia 355/06) que reglamenta el aborto en Colombia bajo tres circunstancias especiales.
La Superintendencia de Salud, luego de conocer el caso, abrió un proceso de investigación contra el Hospital Erasmo Meoz, perteneciente a la red de entidades prestadoras de salud de Coomeva en Cúcuta, y los jueces que fallaron en contra del derecho de aborto que se le concede a la menor específicamente por su caso.
Ante el fallo T-209 que negó el derecho al aborto legal a la menor, el gerente del hospital de Cúcuta Erazmo Meoz, Carlos Uribe Gil, manifestó que dentro del portafolio de servicios del hospital “no hemos incluido estos servicios del aborto”.
De acuerdo con la Corte, la respuesta que dio en su momento Coomeva a los jueces, fue que desde el primer momento ordenó el procedimiento a las instituciones de su red de servicios de salud en Cúcuta, pero que la respuesta de los médicos de estas instituciones fue negativa, en razón de la objeción de conciencia por razones de tipo religioso.
Sin embargo, el Alto Tribunal ordenó ante los jueces administrativos la sanción a dicho Hospital.
El Fallo
La madre de la menor interpuso una acción de tutela contra la EPS Coomeva y el Hospital Universitario Erazmo Meoz de Cúcuta, en donde manifestó que su hija de 13 años de edad fue víctima de acceso carnal violento y como consecuencia, quedó embarazada.
Afirmó que igualmente fue contagiada por una infección de transmisión sexual y presentó daños sicológicos que llevaron a la niña a intentar el suicidio cortándose las venas.
En la acción de tutela, la madre de la menor explicó que su hija se encuentra afiliada a la EPS Coomeva desde el 25 de julio de 2005 como beneficiaria de su padre, y que por eso, una vez conocieron el caso, la EPS al igual que la Fiscalía le realizó terapias y le prestaron ayuda sicológica.
Razón por la cual argumentó la madre no sabe por qué se negaron a la interrupción del embarazo, previamente ordenada por el Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (Caivas) de la Fiscalía.
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