La culpa del atraso económico y social de la Región Caribe y de las otras regiones del país la tiene el Gobierno Nacional, señaló en un documento la Asamblea General de Gobernadores, que no aceptó que argumentos esgrimidos por el Estado como la corrupción y la ineficiencia administrativa sean motivos para disminuir el desembolso de recursos a los entes territoriales.
Las tres páginas firmadas por los 32 mandatarios departamentales recogen quejas de que el país no ha avanzado en su descentralización y el ordenamiento territorial por culpa de la Nación con la política del centralismo, la que debe entregar más responsabilidades a los departamentos y a los municipios.
“No se concibe que todavía se manejen desde una oficina en la capital del país, programas para mil 101 municipios, muchas veces ignorando a los departamentos y sin ajustarse a los planes de desarrollo territoriales”, señala el documento.
Criticaron al Congreso y algunas entidades nacionales por el recorte a la autonomía de los entes territoriales para resolver sus propios asuntos.
“La consecuencia es que hoy las oficinas del nivel nacional tienen sometidos a los gobernantes y a sus entes territoriales en franca y difícil condición de subalternos y muchas veces se exhibe como argumento el que la corrupción o la ineficiencia está solo en los niveles subnacionales, y de ahí la necesaria, para ellos, subordinación”, destaca el informe.
“Parte del desorden que hoy nos conturba se origina en que no se tomaron en su momento las decisiones apropiadas para el ordenamiento territorial que encausara temas esenciales como la prestación de los servicios, las competencias, los tributos y las transferencias intergubernamentales, entre otros”.
Los gobernadores fueron tajantes en señalar que el trámite de la Ley de Ordenamiento Territorial no puede estar en la cola de las agendas del Gobierno Nacional.
La Federación apoyará y promoverá los medios que sean necesarios para agilizar su estudio desde las regiones.
Los dos grandes retos –según lo expresaron- son “la hacienda pública y la política social. La hacienda pública porque “debemos construir figuras de reparto de los recursos manejados por la Nación que no concentren el desarrollo en una sola región y políticas sociales que propendan por un desarrollo más equilibrado de la situación de las personas en su calidad de vida”.