Viernes, 9 de Mayo de 2008
Luego de ser desalojada de lo que fue su hogar por más de 27 años, Silvia Arroyo Hernández interpuso una acción de tutela contra José Felix Lafourie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan, por lo que considera violación de los derechos fundamentales de su familia al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
La querellante sustenta con documento en mano, que el que dice ser el dueño del predio (Lafourie Riveira) cometió un atropello contra su familia porque el Juzgado Primero Civil de Valledupar solicitó a la Inspectora Primera Civil Urbana de Policía abstenerse de la diligencia de lanzamiento, hasta tanto que no se dictará el fallo de acción de tutela interpuesta por la afectada, hecho que no fue tenido en cuenta, porque su familia fue desalojada el pasado martes del mes en curso.
Arroyo Hernández, la querellante, manifiesta que los derechos fundamentales contemplados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política de su familia fueron vulnerados, por lo que solicita a las autoridades que les corresponda, proceder ante la situación.
“La persona que está detrás de todo esta infamia que se comete con mi familia es José Félix Lafaurie Rivera, actual presidente de Fedegan, quien en 1981 dejó un lote bajo el cuidado de mi papá, sin pagarle ningún salario ni contrato de arrendamiento, ahora luego de 27 años, sale con que es de él y nos deja en la calle”, manifestó la afectada.
Además, aseguró Arroyo Hernández que “el supuesto propietario falsificó un contrato de arrendamiento, el cual mi padre nunca firmó”.
Por estas razones, la familia que fue desalojada recurrió a la Defensoría del Pueblo, Contraloría, Personería e Inspección de Policía, para que la asesoren y ayuden en la que consideran una ‘injusticia de una persona influyente en la sociedad’.
Estado de la vivienda
Sin cubierta y con habitaciones destruidas quedó la casa 7-42 de la calle nueve del barrio Novalito, de Valledupar, donde la familia Arroyo Hernández fue desalojada el pasado martes.
Dicha familia mantienen sus enseres repartidos entre los familiares que tienen en la ciudad y con la melancolía de haber sido desterrados de su hogar de toda la vida.
Al respecto, el abogado de José Felix Lafourie dijo que la quitada de la cubierta, así como los demás acabados de la casa, se realizó para devolverle a los antiguos moradores lo invertido en el hogar.
La contraparte
Según el apoderado de la contraparte, Laureano Vega Fuentes, los procedimientos realizados estuvieron de acuerdo con la protección de la propiedad privada, establecida en Colombia. En este caso, explicó el funcionario, José Felix Lafourie compró los terrenos de Novalito cuando la familia Arroyo Hernández ya estaba habitando el predio, pero como aún no iba a construir, permitió que siguieran siendo habitados en calidad de arrendatarios.
“La diligencia de lanzamiento estaba programada para el dos de abril, pero fue aplazada un mes y cuatro días más por petición de Silvia Arroyo Hernández”, manifestó el abogado.
Con respecto a la denuncia sobre falsedad del contrato de arrendamiento del 23 de febrero de 1989, el especialista en derecho argumentó que la firma de José Arroyo Hernández fue verificada en una prueba grafológica del CTI en la capital del país.
Vega Fuentes desmintió que se le estuvieran vulnerando los derechos de la familia desalojada. “El caso de Arroyo Hernández tuvo todas las garantías procesales; es más, se fue muy flexible porque éstos no deberían ser escuchados hasta que estuvieran a paz y salvo en el arriendo, y pese a que esto no se cumplía, el Juez escuchó sus argumentos”, aseveró el abogado.
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