General Gilberto Ramírez, director de la Dijín, cuya investigación ya logró la expedición de órdenes de captura y la legalización de las mismas contra tres personas, dos de la Policía y un agente del CTI, por el caso de las interceptaciones telefónicas ilegales.

La comunidad tiende, inconscientemente, a conservar en la memoria colectiva ideas estáticas sobre los fenómenos sociales. La opinión pública fija en su conciencia los hechos como si fueran inamovibles, olvidando que tienen gran energía, agilidad y cambian en forma continua. Así, llega el momento en que el concepto social se soporta en premisas desactualizadas e incorrectas mientras que aquello que es materia de análisis avanza con una dinámica insospechada.

El ejemplo más destacado de ello es lo que ocurre con el narcotráfico. La comunidad piensa en este fenómeno con las categorías con las que lo juzgaba cuando existían los carteles de Medellín y de Cali y la realidad muestra que el presente de tal tipo de delito dista mucho de lo que ocurría en los años 80 y 90 del siglo XX.

Hoy el problema no es solo la producción y mercadeo para la exportación ilegal de estupefacientes, que no cesa; Colombia actualmente no solo exporta cocaína sino que tiene un dinámico, próspero y creciente mercado interno, lo que era insospechado hace 15 o 20 años.

Los narcotraficantes de hoy no solo tienen rutas para llevar estupefacientes a Norteamérica y Europa, sino que una de sus principales fuentes de enriquecimiento es el mercado interno de cocaína, producto que llega al consumidor final, en nuestras calles, a través de una complicada red de mercadeo doméstica.

En otras palabras, hoy Colombia tiene muchos consumidores y la telaraña de ventas que se ha creado para satisfacer la demanda es de grandes proporciones y sofisticación. Tanto, que si se acabara la exportación de estupefacientes no desaparecería el problema, ya que el proveer el mercado interno genera mucha riqueza a quienes lo hacen.

Lo peor es que las autoridades no están preparadas suficientemente para enfrentar esta realidad delictiva. Aún se cree que el tráfico interno es un tanto artesanal, que hay una red no sofisticada de mayoristas y vendedores minoristas, cuando la realidad es que hay una densa y eficaz urdimbre de mercadeo doméstico.

Es imperativo adelantar un debate sobre la actualidad del hecho, estudiar en qué aciertan las autoridades al enfrentarlo, qué falencias hay en la represión actual de tan execrable delito y qué ajustes deben hacerse para poder enfrentar airosamente a tan duros y avezados traficantes.

De la inteligencia y racionalidad con que el Estado colombiano reaccione, depende el mañana de las nuevas generaciones de colombianos pues no solo se debe buscar regenerar a los que ya son adictos, combatir a fondo y con eficacia a los productores y comerciantes de drogas estupefacientes, sino de salvar a quienes aún no son consumidores con una profunda y permanente campaña educativa de carácter preventivo.

Ese es el desafío que tiene ante sí Colombia y el tiempo señalará si lo supimos enfrentar airosamente o si nos hundiremos en un laberinto en el que se perderán generaciones enteras de compatriotas.