De raponazo en raponazo
Pedro Perales
La ONG Transparencia Internacional, en sus habituales informes sobre el comportamiento moral y ético de las naciones del mundo, ha vuelto a pronunciarse. Otra vez los países que se creen son los más pobres, así tengan riquezas de todo tipo y sean explotadas a gusto por las transnacionales y con el beneplácito de las oligarquías “vendepatrias”, marchan adelante en cuestión de corrupción.
Los medios del mundo, en particular aquellos dedicados a despotricar de los modelos de gobierno distintos a los que siguen la férula del neoliberalismo salvaje, se extasiaron porque ese ente calificó a Venezuela como el más corrupto del orbe. A cuatro columnas y a tamaño de letra dieciocho y más, los periódicos publicitaron ese informe con la perversa intención de desacreditar aún más al gobierno bolivariano. Una costumbre que en Venezuela llegó a su clímax en los gobiernos de la Cuarta República y cuya incidencia y desorden trata de meter en cintura el sistema vigente, encontrando no pocas resistencias, incluso en sectores que antes eran intocables y que igualmente han contado con audiencia internacional en los mismos medios considerando ese actuar como dictatorial.
Pero lo que llama la atención de semejante hipocresía de los moralistas del mundo, es que guardaron silencio o lo publicaron en espacios pequeños o en páginas poco consultadas, respecto de Cuba, que fue calificada de cuarta y la primera en América entre las naciones donde impera la decencia moral tanto en el manejo de la cosa pública como en el comportamiento de su gente. Dirán los cínicos que es porque allá no hay qué robar, pues, según la opinión de esos mismos medios, Cuba es el país más miserable del mundo. ¡Vaya usted a creerlo!
No hablemos de Colombia, en donde la corrupción ha crecido como nunca en los últimos años y desde el parlamento el uribismo sigue amangualado con aquella. Pero sí del departamento, en donde la delincuencia oficial junta a la común; a través del novedoso mecanismo de sustraerse cheques del tesoro municipal, en complicidad con empleados bancarios, se han dedicado a saquear las arcas públicas, robándose los impuestos que con tantos sacrificios pagan los contribuyentes. Primero fue en Pueblo Bello, y ahora en La Paz, dos municipios en donde las necesidades sociales básicas de sus comunidades están a la vista.
Ojalá y los organismos de investigación del estado profundicen en los casos comentados para llegar hasta esa mafia corrupta y delictiva y así evitar que un latrocinio de lesa humanidad como el descubierto quede en la impunidad. Y que los alcaldes y los secretarios de hacienda, creen los instrumentos legales para impedir que aquella siga haciendo su agosto con los recursos públicos.
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