Luego de la sorpresiva declaración del presidente Obama sobre las segundas reelecciones, nuevamente los líderes políticos y pre candidatos presionan al presidente Uribe para que defina si va a proponerse para un tercer período.

Numerosas reacciones surgidas en el interior del país y en el exterior, llevaron al Gobierno a solicitar a la Consejera de Derechos Humanos de la ONU que enviara a Colombia un relator que observara, estudiara y emitiera un informe sobre las reprobables conductas llevadas a cabo por miembros de las Fuerzas Armadas, esas que se conocen -con ligereza- como “falsos positivos”.

Tal fue la causa para que el señor Philip Alston, relator especial de Derechos Humanos de la ONU, estuviera en el país del 8 al 18 de junio pasados, término durante el cual se entrevistó con el Presidente, el Vicepresidente, varios ministros y viceministros, el Fiscal, el Procurador, el defensor del Pueblo, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, altos oficiales del Ejército, jueces, congresistas, testigos, víctimas y supervivientes de dichos crímenes.

Hace dos semanas se presentó informe preliminar de tal trabajo, en el que quedaron sentadas las primeras conclusiones, previas al informe definitivo que se entregará entre octubre y noviembre próximos en Ginebra (Suiza).

Quince días después de ello, hay cosas que se pueden mirar con más sosiego. En primer lugar, es un análisis imparcial de un oscuro capítulo de nuestra historia reciente. Inquieta si, cómo varios sectores de la sociedad prefieren que episodios críticos se entierren sin analizar, ni corregir errores. No tenemos capacidad de autocrítica y por eso nos sentimos incómodos ante la censura de nuestros yerros. Además, los medios de comunicación se inclinan más a hacer bochinche que a analizar documentos importantes. Y a todas estas, ¿qué correctivos efectivos se han puesto en práctica para poner coto a tales crímenes?

Mientras el señor Alston redacta el informe final, el que puede ser severo, ni la administración Uribe, ni el Ejército, han condenado radicalmente tan terrible proceder, ni se ha revisado a fondo lo que ocurre al interior de nuestra institución armada, pese a que el documento señala que tales asesinatos “fueron llevados a cabo de una manera más o menos sistemática por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército”.

No quiere ello decir, como señala el informe, que lo ocurrido sea una política de gobierno, por el contrario, advierte el relator, que el Presidente y los altos mandos son ajenos a ellos, pero resalta que entre las políticas gubernamentales y la práctica llevada a cabo por unidades del Ejército hay una brecha.

Otro trago amargo se refiere a que las ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas para cobrar recompensas y obtener días de licencia. Y pese a ello, subsiste tal sistema y política.

La responsabilidad penal de dichos crímenes de lesa humanidad está en cabeza de sus autores, cómplices y auxiliadores, pero la responsabilidad política recae en el gobierno Uribe y por ello es de desear que se implementen reales medidas que sancionen a los culpables y efectivamente se repare a las víctimas.