resumen agencias

El presidente Álvaro Uribe extendió a toda la comunidad su propuesta para que se incorporen a la red de informantes de la fuerza pública como una estrategia para reducir la violencia y la criminalidad, particularmente los homicidios.

Desde Suiza, el jefe del Estado declaró que esa grave situación se ha convertido “en una tragedia nacional”.

A los argumentos que ya ha dado para conformar la nueva red sumó otros ingredientes.

Entre las nuevas razones que da el primer mandatario está en que que el año pasado hubo en Medellín mil 857 asesinatos, de los cuales el 60% son personas jóvenes, y cada día aumenta esa tragedia en esta capital.

De igual forma recordó que en Medellín hace 10 años se contabilizaban unas cinco mil muertes violentas, lo cual logró reducirse considerablemente en los últimos años, pero la guerra entre las bandas del narcotráfico ha elevado de nuevo estas cifras, con el agravante de que el sesenta por ciento de los asesinados son personas muy jóvenes. Insistió en que la actual situación de violencia desatada por el narcotráfico tiene que ser enfrentar con todos los instrumentos legales, con el esfuerzo y la ayuda de todos los colombianos, con información y con las acciones eficaces de las autoridades. Añadió que en esas estrategias también se incluyen las Universidades y el Sena, cuyos espacios académicos y de instrucción están abiertos cada vez a más y más jóvenes que deben ser sacados de la violencia, de las bandas y de las garras del narcotráfico.

objetivo de guerra

El Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza, de la Misión Diplomática Internacional Humanitaria Ruanda 1994, advirtió que la medida pondría a menores de edad como un objetivo de guerra El presidente internacional de la organización, el argentino Sergio Tapia, dijo que la propuesta no sólo viola los principios del Derecho Internacional Humanitario sino varias convenciones de las Naciones Unidas sobre protección de los menores de edad. Señaló que no se puede involucrar a los menores ni a la población civil en el conflicto armado, según las normas universales.

En el país ya van 38 militares que se han dejado en libertad por vencimiento de términos. / Archivo/VANGUARDIA