¿Quién dice la verdad?
Pedro Perales
Nada más inoportuno para las aspiraciones del uribismo que la edición de los decretos de emergencia social promulgados por el gobierno, direccionados, según este, a evitar un colapso en el maltrecho sistema de salud del país. Porque una vez conocido su contenido y lo que se pretende con ellos, la totalidad de los colombianos, a excepción de quienes serán los directos beneficiados: las EPS que se quedaron con el negocio en que la volvió la ley 100, han repudiado esta nueva pretensión que degenera aún más el derecho a la salud de los más pobres.
Consciente de que nada es más dañino para una aspiración presidencial -y tratándose de una reelección- que a quienes eligen se les toque donde más le duele, el Presidente ha tenido que salirle al quite a todo lo que han dicho los distintos sectores. Como cosa curiosa, quien se supone debería estar al frente de la defensa de ese mamotreto malintencionado, el ministro de la Protección Social, ha desaparecido del escenario y solo a Álvaro Uribe lo hemos visto y oído, como un león herido, desmintiendo lo que está escrito.
Y entonces, he ahí el dilema: los decretos buscan darle la puntillada final a lo que queda de salud pública, como rezan algunos artículos de los mencionados decretos, o, por el contrario, son la panacea para aliviar el martirio que significa acudir a las entidades que manejan el sistema, como sostiene el Presidente. Y tan buenos será, que Uribe metió el cañazo de que son los estratos altos los que, “a falta de dinero” para acceder a algunos tratamientos costosos, pueden cancelar estos ¡pignorando sus cesantías! Eso que no se lo creería ni mi abuela materna.
La verdad sea dicha, diecisiete años después de haber sido promulgada la Ley 100, cuyo ponente fue precisamente el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, y no obstante que el gasto sectorial ha crecido de manera exorbitante, pasando del 1,8 % del PIB a cerca del 4%, la realidad de la salud en Colombia no podría ser más catastrófica. De un servicio social del que no debe enajenarse el estado, pasó a convertirse en mercancía en manos de la voracidad particular. Bajo el pretexto de una cobertura universal, ha devenido en especulación financiera y la norma hoy, que es lo que busca reforzar la emergencia dictada, es que el estado ha abandonado la salud pública.
Queda un sabor ácido entre quienes desde siempre defendimos al ISS como la principal y más importante EPS oficial, y que cuando esta agonizaba, asfixiada en lo financiero y desvertebrada en lo ético y moral por la politiquería, era aquella la que necesitaba una emergencia social, que debía comenzar por el estado pagándole los billones de pesos dejados de transferir y expropiando y reembolsándole a sus arcas, los miles de millones de pesos robados por sucesivas gerencias. Pero no, vuelven a ganar en esta oportunidad las EPS privadas que seguirán haciendo víctimas a los usuarios de sus pésimos servicios.
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