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El presente año se presenta como uno de duras pruebas para el pueblo colombiano. Primero, tendremos que soportar una coyuntura alcista en precios de los alimentos de mayor consumo por los efectos del clima, que entre otras cosas también nos está enseñando a los trancazos a consumir razonablemente el agua.

Al panorama de pobreza, vulnerabilidad y de falta de oportunidad que se presenta en nuestro país, se suma ahora el cobro de la naturaleza por no hacer los correctivos al sistema de producción mundial y local. Los fenómenos climáticos amenazan con aumentar el nivel de pobreza no solo en el ámbito rural, sino en las ciudades, mermando por primera vez la velocidad sorprendente de nuestra afamada capacidad de rebusque. Un panorama gris para la actual administración Uribe, acostumbrada a resolver muchas situaciones microeconómicas y macro-sociales con política tributaria en exclusiva. Debe ser que la mayoría de los colombianos tenemos unos ingresos de país desarrollado y nuestros gobernantes practican una excelente disposición de los tributos. En este panorama se aplica la emergencia social, que más allá de los beneficios de unificar el Plan Obligatorio de Salud o POS, para preservar la integralidad del servicio y su sostenibilidad hacia los colombianos que se benefician de él, persigue implícitamente el saneamiento de las finanzas de las entidades e instituciones prestadoras de servicios, ante la imposibilidad de pago de los entes territoriales a estas empresas privadas. Lo curioso es que durante el debate de la Ley 100 en el año 1993, los expertos en sistemas integrales y críticos del modelo chileno que se copió, pronosticaron la insostenibilidad financiera en el largo plazo.

Tuve la oportunidad de oír la disertación del médico Pablo Morales sobre los efectos de la emergencia, sin conocer los alcances de su reglamentación y advierte que lo mejor que nos puede suceder es no enfermarnos. Todos los instrumentos que se han explicado por parte del gobierno tienen un solo fin: fortalecer la integralidad del POS focalizando la atención en procedimientos de nivel I y II. Ningún médico general puede remitir los casos a los especialistas sin recurrir a la interconsulta, tampoco puede recetar medicamentos ni tratamientos no incluidos en el POS sin demostrar científicamente que el paciente los necesita para su cura. Todos los procesos que actualmente llevan los especialistas regresan a medicina general para nueva evaluación. Además se blindó el proceso de requerimientos adicionales de alta especialización y costos que se accedían bajo tutela, para que a través de los productos de nuestro amigable sector financiero los beneficiarios puedan sufragarlo. Definitivamente, es mejor no enfermarse.

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