Roberto Borrás, superintendente financiero, quien lanzó un llamado de alerta a la ciudadanía para que tenga cuidado con las pirámides de dinero que se están ofreciendo nuevamente.

En pocas palabras, el proyecto que acaba de radicar en el Congreso el saliente ministro del Interior y de Justicia (irónicamente), que busca nada menos que trasladar la Fiscalía General de la Nación de la órbita de la Corte Suprema de Justicia a la del Presidente de la República, sumado a la intención de crear un Tribunal Especial para juzgar en segunda instancia a los congresistas, parece ser el intento final por conquistar las últimas parcelas que aún no ha podido tomarse la impunidad en Colombia.

¿Quiénes, si no la Fiscalía, especialmente la que interinamente ha dirigido hace poco más de un año Guillermo Mendoza Diago, y la Corte Suprema de Justicia, son las instituciones que, con acciones e intenciones de muy alta responsabilidad y con la pulcritud moral y científica que de ellas se espera, más han aportado a la Nación en la necesidad de aclarar y fallar en asuntos de calibre tan grueso como las interceptaciones ilegales, los juicios extrajudiciales y la parapolítica, por nombrar sólo algunos de los asuntos en los que últimamente se ha visto actuar a estas dos áreas del aparato de justicia?

El ministro Valencia Cossio defiende la propuesta, sosteniendo que en todos los países donde hay sistema acusatorio, la Fiscalía está en la órbita del ejecutivo. Esto nos devuelve al pernicioso presupuesto de que si se hace allá, debe hacerse acá, pero esto no es siempre así. Posiblemente ningún país como Colombia tiene a su clase política tan enredada en tantos asuntos que mezclan su actividad con figuras penales de toda índole.

Son demasiados casos y demasiado graves, en los que políticos, funcionarios y miembros de la Fuerza Pública son ahora investigados y procesados, como para que podamos aceptar de Valencia Cossio un argumento tan pueril para sustentar una propuesta tan desatinada e inoportuna. Lo que la justicia colombiana necesita es precisamente lo contrario: que se le devuelva su importancia, su independencia y el respaldo para cumplir su función, sin que esto acarree el descrédito o la vida de los funcionarios judiciales.

Cabe esperar que el nuevo Congreso entienda que su responsabilidad con la Nación y la historia es superior a la que le cabe con el Gobierno. No es este sino aquellas, Nación e historia, las que permanecen en el tiempo, y es de ellas de donde surge el verdadero espíritu de las leyes que tienen a su cargo estudiar, debatir y aprobar.